Las personas mayores tienen derecho al reconocimiento y al pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

En 2015, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las personas mayores, y en 2017 el Estado Nacional la ratificó, quedando obligado a adoptar medidas para su cumplimiento.

El punto de partida no es el cumplimiento de derechos de personas que deben ser asistidas, sino de sujetos de derechos que obligan al Estado y a la sociedad civil a dar cumplimiento.

Merece destacarse la sanción, en la provincia de Río Negro, de la Ley N°5.071, de Protección Integral de los Adultos Mayores que, en conjunto con la Ley N° 4.885 y la Ley N° 3.937, conforman un cuerpo normativo que da lugar a una política pública de referencia para el resto del país.

La Defensoría del Pueblo de Río Negro y como parte integrante de la Asociación de Defensores del Pueblo del país (ADPRA) coordina la Red Interinstitucional de Adultos Mayores (RIAM).