Dos intensas jornadas de trabajo se desarrollaron en el marco del Primer Plenario Anual 2018 de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que tuvo lugar en Viedma durante los días 9 y 10 de mayo.
La apertura, realizada en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, estuvo a cargo del gobernador, Alberto Weretilneck, el vicegobernador, Pedro Pesatti, el intendente de Viedma, José Luis Foulkes, la defensora del pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, el defensor del pueblo adjunto, César Domínguez y del presidente de la Asociación que agrupa a los representantes de esos organismos de control, el defensor de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor.
En la oportunidad el gobernador valoró la relación que tiene el Gobierno Provincial con la Defensoría, “en el sentido que los rionegrinos vivamos mejor y tengamos garantizado nuestros derechos” y remarcó que “la Defensoría ha demostrado una permanente vocación de diálogo”.
Asimismo, valoró que se realice este Plenario en Viedma y aseguró que “más allá de lo que se va a abordar, el gesto que han tenido de tomar la decisión de reunirse en Viedma, en la ciudad más antigua de la Patagonia, es un acto de federalismo”.
Por su parte, la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, expresó su profundo agradecimiento al Gobierno de la Provincia “que en una actitud de mucha colaboración y mucho respeto hacia nuestra Defensoría como órgano de control externo, ha brindado todo lo necesario para que este Plenario sea lo más productivo posible”.
Recordó que “la Defensoría del Pueblo es un órgano de Control externo, pero debe ser leída como una institución receptiva de las quejas de los ciudadanos que acorta la brecha entre los vecinos y la administración”.
Finalmente, aseguró: «la Defensoría monitorea la vulnerabilidad de derechos y trabaja para subsanar y reparar esos derechos y para eso nuestra principal herramienta es el diálogo respetuoso con todos los efectores del sistema administrativo».
Auguró el mejor de los plenarios “para poder modificar, reparar y proponer la mejor política pública conducente a lograr la calidad de vida que los ciudadanos se merecen”.
Por su parte, el presidente de ADPRA, Alejandro Amor, enfatizó sus cuestionamientos a la falta de una política energética a nivel nacional que ocasiona aumentos tarifarios muy elevados para los usuarios, situación que es la que más cantidad de reclamos provoca en todo el país.
Amor sostuvo que «más allá de la media sanción en Diputados de una ley que regula el cuadro tarifario energético y que pueda sancionarse en el Senado, todo indica que el Ejecutivo la vetará lo que obliga a una discusión profunda entre todas las fuerzas políticas para lograr un acuerdo nacional sobre el tema».
Las actividades continuaron en el recinto parlamentario donde se debatieron diferentes temáticas, que tienen que ver con la situación de los niños y adolescentes, la cuestión de costos de los servicios domiciliarios, la salud mental, la tercera edad, los derechos ambientales, entre otros.