Los representantes de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) transmitieron al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Director Nacional de Defensa del Consumidor su preocupación por las fuertes subas que se registraron en las cuotas de los planes de autos 0 kilómetro y las implicancias que esto genera en las personas que optaron por la compra de un vehículo con esta modalidad.
Como miembro de la Comisión Directiva, la defensora del pueblo de Río Negro, Santagati, participó de la reunión que fue encabezada por el presidente de ADPRA, Alejandro Amor, el Director Nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, y el Inspector General de Justicia, Sergio Brodsky. El encuentro tuvo lugar en la sede de IGJ, ubicada en Paseo Colón 285 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la reunión cada defensor/a trasmitió la realidad de su provincia, aportando al diagnóstico del problema, ante las autoridades nacionales competentes. Como resultado se resolvió realizar un encuentro en febrero con el objetivo de tratar este tema con las autoridades nacionales, los Defensores y Defensoras y los representantes de todas las automotrices en el país.
Además, Blanco Muiño y Brodsky se llevaron una serie de propuestas de los defensores del pueblo que incluyó la conformación de una mesa de trabajo, previa a la reunión con los representantes de las automotrices, en la que se analice el incremento desmedido de dichas cuotas, ya que según los reclamos no existe correlación entre el aumento del vehículo y el aumento de las cuotas sujetas al aumento inflacionario, así como distintas alternativas para resolver el problema.
Esta situación generó un perjuicio para la ciudadanía, sobre todo para quienes tienen adjudicado el automóvil porque con el incremento de las cuotas se ven imposibilitado de abonarlo y se agrava aún más cuando el vehículo es utilizado como herramienta de trabajo, tal es el caso del taxi y el remis.
De la reunión participaron además los defensores del pueblo de Tucumán, Paraná, Lanús, Zapala, los defensores adjuntos de CABA, Paraná, Río Cuarto así como también funcionarios de las Defensorías del Pueblo de Santa Fe, Escobar y provincia de Buenos Aires.
