Luego de un exhaustivo análisis de revisiones tarifarias anteriores, índices de precios al consumidor, índices salariales generales e indice del salario mínimo, vital y móvil, nivel de producción de agua potable, Inversiones menores de reparación y mantenimiento, amortizaciones y deudores incobrables, la defensora del pueblo, Adriana Santagati, concluyó en su alocución:
«Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que el DPA deberá tener en cuenta las demás variables tarifarias de los restantes servicios públicos ´básicos´ que inciden en forma directa en la economía familiar, a fin de ponderar y aprobar en su caso, una tarifa producto de un análisis razonable, lógico y prudente, que en lo aquí respecta, el aumento de un 110% solicitado lejos está de serlo.
Al final de cuentas, las ideas de progresividad y gradualidad tarifaria distan de ser meras elucubraciones teóricas. Se trata de cuestiones bien concretas: si la tarifa va por el ascensor y la capacidad de pago del usuario va por la escalera, lo que estamos haciendo es poner en jaque la posibilidad de acceso al servicio. Así, en vez de fortalecer el derecho humano al agua y al saneamiento, lo estamos socavando y retrocediendo en el grado de disfrute efectivo del derecho al que nos comprometimos como país».
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