\u00bfLos ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes patag\u00f3nicos tienen iguales oportunidades que los del resto del pa\u00eds? \u00bfPor qu\u00e9 motivo, seg\u00fan datos del INDEC, la regi\u00f3n sur de la Argentina tiene una densidad poblacional global de 10,2 hab.\/km2? \u00bfA qu\u00e9 se debe que R\u00edo Negro tenga 3.1 hab.\/km2, Neuqu\u00e9n 5.9 hab.\/km2 y Chubut 2.3 hab.\/km2? \u00bfEs casual que la poblaci\u00f3n se concentre en zonas de climas m\u00e1s amigables y no en aquellas de clima hostil?<\/p>\n
Los defensores y defensoras del pueblo de la Patagonia venimos resaltando que estos no son datos casuales. Lo que s\u00ed existe es causalidad y coincidencias comunes en la regi\u00f3n. La topograf\u00eda, las condiciones ambientales y climatol\u00f3gicas y las posibilidades de desarrollo productivo determinan una distribuci\u00f3n territorial desequilibrada, tanto en el emplazamiento de la poblaci\u00f3n como en su crecimiento econ\u00f3mico. La primera responsabilidad del Estado es intentar compensar esos desequilibrios.<\/p>\n
El Decreto del Poder Ejecutivo N\u00b0 702\/18 regula las asignaciones familiares del sector formal privado y el estatal nacional, quitando beneficios a las personas m\u00e1s vulnerables que habitan las zonas m\u00e1s inh\u00f3spitas de nuestro pa\u00eds, como ocurre con la Patagonia.<\/p>\n
La norma dispone la elevaci\u00f3n del piso m\u00ednimo de ingresos para ser beneficiario y disminuye su monto m\u00e1ximo con el mismo fin, pero adem\u00e1s elimina las diferencias que exist\u00edan por zonas desfavorables, exceptuando a las personas con discapacidad.<\/p>\n
De esta forma, la Patagonia es equiparada con cualquier regi\u00f3n del centro del pa\u00eds, argument\u00e1ndose para ello sobre la necesidad de impulsar pol\u00edticas p\u00fablicas destinadas a lograr equidad y solidaridad social. Sus impulsores declaran que el objetivo es una cobertura \u201cpareja para todos\u201d, que la distinci\u00f3n por regi\u00f3n no tiene un criterio de lugares con mayores niveles de pobreza y que es lo mismo un chico de La Matanza, que uno de Tucum\u00e1n o del Sur del pa\u00eds.<\/p>\n
\u00bfDesconoce acaso el Poder Ejecutivo Nacional lo que significa vivir en la Patagonia?<\/p>\n
Vivir en el sur equivale a distancias. Significa recorrer cientos de kil\u00f3metros para acceder a centros de salud de alta complejidad; que los insumos, alimentos y medicamentos deban recorrer cientos y miles de kil\u00f3metros de transporte, aumentando los costos de todos ellos y haciendo que la accesibilidad no sea igual que en los grandes centros urbanos. Significa tambi\u00e9n vivir con rigurosos inviernos, temperaturas m\u00ednimas que alcanzan los -25\u00b0C e inviernos que se extienden de marzo a diciembre. Ser ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en el sur de nuestro pa\u00eds significa crecer en un contexto de objetivas dificultades que demanda a las familias un alt\u00edsimo costo para morigerar sus efectos.<\/p>\n
Intentar equiparar a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes patag\u00f3nicos con los del resto del pa\u00eds no s\u00f3lo es negar la realidad en la que viven, sino violentar el derecho a la igualdad de oportunidades. Parad\u00f3jicamente, donde el Estado debe asistir con pol\u00edticas p\u00fablicas que garanticen la real equidad a los habitantes de nuestro pa\u00eds en general y a los sectores vulnerables en particular, el Poder Ejecutivo Nacional profundiza las desigualdades de base con el dictado de un decreto.<\/p>\n
Justamente, una de las principales formas de atentar contra la igualdad es invisibilizar las diferencias que se presentan entre las personas de cara al ejercicio efectivo de sus derechos. Son las especiales circunstancias de la vida en la Patagonia las que exigen otorgar un trato acorde. No hay igualdad real si cerramos los ojos ante esa diversidad de condiciones de vida.<\/p>\n
La propia Constituci\u00f3n nos impide esa negaci\u00f3n ante lo que es diferente. Tanto el art. 75 inc. 23 de la Carta como los tratados de derechos humanos a los que se someti\u00f3 nuestro pa\u00eds obligan a la implementaci\u00f3n de medidas de acci\u00f3n positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos. El deber estatal de asumir las diferencias y resolverlas de cara a garantizar la igualdad real se entronca, as\u00ed, en el prop\u00f3sito fundamental de nuestro ordenamiento, que no es otro que el ejercicio efectivo de los derechos.<\/p>\n
El Poder Ejecutivo parece, as\u00ed, haber olvidado las sabias palabras de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n: \u201cTan inequitativo es que la ley trate desigualmente a los iguales en iguales circunstancias, como que trate igualmente a quienes no son iguales -en el sentido de que su condici\u00f3n es distinta- y no obstante la desigualdad de las circunstancias. Para que todos sean iguales ante la ley es preciso que \u00e9sta los iguale compensando con sus disposiciones los desequilibrios que hacen violencia al orden natural\u201d.<\/p>\n
En definitiva, reducir el gasto p\u00fablico y achicar el d\u00e9ficit fiscal a costa de agravar la situaci\u00f3n de los sectores m\u00e1s vulnerables no es una opci\u00f3n que nuestra Constituci\u00f3n admita. Los Derechos Humanos son inherentes a la dignidad de cada persona. La Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales, que forman parte de nuestra Constituci\u00f3n Nacional, establecen el principio de progresividad de estos Derechos, constituyendo una obligaci\u00f3n de los Estados signatarios, avanzar permanentemente en su protecci\u00f3n, hasta el m\u00e1ximo de sus recursos disponibles y sin adoptar medidas regresivas que perjudiquen la plena efectividad de los mismos.<\/p>\n
El Decreto Nacional N\u00b0 702\/18 es una norma regresiva, que colisiona de lleno con el principio de progresividad, en cuanto significa un retroceso en la adquisici\u00f3n y consolidaci\u00f3n de derechos, especialmente por parte de los sectores m\u00e1s vulnerables, a la vez que compromete la responsabilidad internacional del Estado Argentino, ante el claro incumplimiento de los Pactos Internacionales.<\/p>\n
Por ello, los defensores y defensoras del pueblo de la Patagonia, expresamos nuestro rechazo al Decreto N\u00ba 702\/18 e instamos al Poder Ejecutivo Nacional a reconsiderar la medida adoptada, en virtud que la misma afecta a unos de los sectores m\u00e1s d\u00e9biles de la sociedad -tal es el caso de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes- y teniendo en cuenta las particularidades objetivas de los lugares que habitan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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