21 de marzo de 2022- A partir de una denuncia de una ciudadana rionegrina por no poder inscribirse en un curso para \u201cgasista matriculado\u201d en una Escuela de Oficios, la Defensor\u00eda del Pueblo recomend\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Educaci\u00f3n T\u00e9cnica y Formaci\u00f3n Profesional del Ministerio de Educaci\u00f3n y DD.HH. y a la Supervisi\u00f3n de la zona, adoptar las medidas que garanticen la formaci\u00f3n de los diferentes oficios de manera inclusiva y que los lugares y\/o personas que dicten las pr\u00e1cticas acepten sin distinci\u00f3n a mujeres, varones, diversidades y disidencias.<\/p>\n
La Defensor\u00eda considera que de esta manera se evitar\u00eda toda forma de discriminaci\u00f3n en el \u00e1mbito educativo por razones de g\u00e9nero y la discriminaci\u00f3n indirecta que tiene lugar cuando una norma, pr\u00e1ctica o una pol\u00edtica p\u00fablica aparenta ser neutra respecto del sexo de sus destinatarios\/as, pero en los hechos reproduce las desigualdades sexo\/gen\u00e9ricas.<\/p>\n
Cabe destacar que, al momento de realizar la consulta a la instituci\u00f3n educativa sobre la situaci\u00f3n planteada, las autoridades\u00a0 argumentaron en su respuesta que no se proh\u00edbe la inscripci\u00f3n en dicho oficio, pero adujeron que los \u00e1mbitos donde se desarrollan las tareas s\u00f3lo cuentan con \u201clugares para varones\u201d.<\/p>\n
Es por ello que en su Recomendaci\u00f3n la defensora del pueblo, Adriana Santagati, menciona el art\u00edculo \u00a05\u00ba de la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (CEDAW), donde se \u201cinsta a los Estados parte a tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminaci\u00f3n de los prejuicios y las pr\u00e1cticas consuetudinarias y de cualquier otra \u00edndole que est\u00e9n basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n cita el art\u00edculo 10\u00ba que refiere puntualmente sobre garantizar la igualdad del derecho y el acceso a la Educaci\u00f3n, correspondientes a todos los niveles educativos de calidad, as\u00ed como a los t\u00edtulos que se expidan; la eliminaci\u00f3n de conceptos estereotipados en los programas correspondientes a todas las formas de ense\u00f1anza; la educaci\u00f3n mixta; la educaci\u00f3n f\u00edsica y deportiva; la educaci\u00f3n sexual integral y las mismas oportunidades para la obtenci\u00f3n de becas de estudio.<\/p>\n
La Recomendaci\u00f3n de la Defensor\u00eda tambi\u00e9n menciona a la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1 cuando refiere, en su art\u00edculo 6\u00ba, al derecho de las mujeres a recibir una educaci\u00f3n libre de \u201cpatrones estereotipados de comportamiento y pr\u00e1cticas sociales y culturales\u201d, enunciando la relaci\u00f3n directa de este derecho con el de una vida libre de todo tipo de violencia.<\/p>\n
\u201cEn s\u00edntesis, expresa Santagati en su Recomendaci\u00f3n, el marco jur\u00eddico internacional otorga responsabilidad a los Estados para impulsar estrategias que contribuyan a eliminar discriminaciones por raz\u00f3n de g\u00e9nero, incluso a trav\u00e9s del sistema educativo y en lo que hace a la igualdad en el acceso a la educaci\u00f3n, la idea es que se alcance a trav\u00e9s de la equiparaci\u00f3n de varones y mujeres en todos los niveles y campos de formaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Defensor\u00eda menciona en su documento que la Ley Org\u00e1nica de Educaci\u00f3n Nacional N\u00ba 26.206 establece como fines y objetivos el \u201casegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminaci\u00f3n\u0301 de g\u00e9nero ni de ning\u00fan otro tipo\u201d y \u201cpromover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensi\u00f3n\u0301 del concepto de eliminaci\u00f3n\u0301 de todas las formas de discriminaci\u00f3n\u0301\u201d.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, la Ley Nacional N\u00ba 26.485 (a la que R\u00edo Negro adhiere) de Protecci\u00f3n Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los \u00e1mbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, establece en su art\u00edculo7\u00ba que los \u201ctres poderes del Estado, sean del \u00e1mbito nacional o provincial, adoptar\u00e1n las medidas necesarias y ratificar\u00e1n en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones\u201d.<\/p>\n
\u201cPara el cumplimiento de los fines de la presente ley (N\u00ba 26.485 ) deber\u00e1n garantizar, entre otras cosas, la eliminaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres; la adopci\u00f3n del principio de transversalidad que estar\u00e1 presente en todas las medidas as\u00ed como en la ejecuci\u00f3n de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios; y el incentivo a la cooperaci\u00f3n y participaci\u00f3n de la sociedad civil, comprometiendo a entidades privadas y actores p\u00fablicos no estatales\u201d.<\/p>\n