Normativa

“Corresponde al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos individuales y colectivos frente a actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Provincial. Supervisa la eficacia en la prestación de los servicios públicos. De advertir infracciones o delitos en materia administrativa, da intervención al Fiscal de Investigaciones Administrativas. Sus funciones son reglamentadas por ley y su actuación se funda en los principios de informalismo, gratuidad, impulsión de oficio, sumariedad y accesibilidad”.

“Para ser designado Defensor del Pueblo se deben tener los mismos requisitos que para ser legislador; le comprenden las mismas inhabilidades, incompatibilidades e inmunidades y no puede ser removido sino por las causales y el procedimiento establecido para el juicio político. Es designado por la Legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros. Dura cinco años en la función y puede ser redesignado. Está obligado a rendir un informe anual a la Legislatura antes del período ordinario de sesiones, el que es tratado en sesión especial; puede elevar informes extraordinarios cuando lo estime necesario”.

“La ley establece la organización, funciones, competencia, procedimientos y situación institucional del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Defensor del Pueblo”.