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Sierra Grande: La Defensoría del Pueblo presente en la Audiencia Pública por el análisis de los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a los proyectos que integran “Argentina LNG”.

audiencia pública - medio ambiente

El defensor del pueblo adjunto, Alvaro Larreguy, participó como orador en la audiencia pública donde se debate cuatro estudios de impacto ambiental del megaproyecto Argentina LNG, vinculados con la infraestructura prevista para exportar gas de Vaca Muerta desde la costa rionegrina y que se relacionan con el gasoducto dedicado desde Neuquén, las unidades flotantes de licuefacción (FLNG), el poliducto y el complejo industrial.

En el inicio de su alocución Larreguy indicó que “si bien la Defensoría del Pueblo no es la autoridad técnica para evaluar los estudios de impacto ambiental, se efectuó un análisis desde la perspectiva de cómo estos proyectos, tal y como están planteados, contribuyen a la consecución de los derechos de los habitantes rionegrinos: el derecho a un ambiente sano, a la salud, a la información y a participar en las decisiones que los afectan, y al desarrollo económico”.

Desde ese lugar la Defensoría del Pueblo resaltó los siguientes puntos:

. Mirar el sistema en su conjunto, evitando la fragmentación de efectos. El gasoducto, el poliducto, las unidades flotantes de este proyecto, la futura planta de fraccionamiento y los proyectos de Southern Energy forman un solo sistema, sobre un mismo territorio y un mismo golfo. Sugerimos a la Autoridad Ambiental efectuar una evaluación integral, estratégica y acumulativa del conjunto, que incluya también los escenarios accidentales.

2. Revisar la dimensión de los impactos, y ante la duda, mayor rigurosidad precautoria. Observamos que la metodología aplicada por la consultora puede llevar a subestimar la gravedad de los impactos ambientales.

•             En el valle, el río Limay: El poliducto va a transportar condensados y a cruzar el río por debajo de su cauce. Una pérdida en el cruce tendría la máxima consecuencia posible, pero concluye que no hay impacto significativo porque es poco probable. Se recomienda revisar el plan de monitoreo, tanto en su periodicidad (actualmente anual), como en su alcance, y focalizarse en el sistema de detección, ya que actualmente no capta las pérdidas pequeñas o graduales, así como tampoco el impacto en las aguas subterráneas.

•             En el golfo, el ruido submarino: Va a ser continuo durante 25 o 30 años, sumado a unos 160 buques metaneros por año. El proyecto prevé velocidades de navegación de 12 nudos o superiores, cuando el criterio internacional para reducir el riesgo de colisiones letales con grandes cetáceos es de 10 nudos o menos. Esto obliga a revisar el área de influencia del proyecto y la valoración de los impactos sobre la fauna marina, en particular sobre la ballena franca austral, declarada Monumento Natural Provincial, y sobre el Área Natural Protegida Islote Lobos.

Sugerimos especial énfasis en la calificación otorgada y mayor rigurosidad precautoria en la revisión de la matriz para la construcción del Plan de Gestión Ambiental y Social del proyecto.

3. Dimensión social Las localidades del área de influencia -Sierra Grande, San Antonio Este, San Antonio Oeste, Las Grutas y Playas Doradas- son de baja escala poblacional y cuentan con infraestructura y capacidades institucionales acotadas. La llegada de fuerza laboral externa, la mayor demanda de agua, energía, salud, vivienda y servicios, el incremento del tránsito y la interferencia con la pesca artesanal y el turismo pueden tener en ellas una relevancia mayor que la reflejada en el estudio. Se sugiere que el proyecto cuente con un seguimiento de indicadores sociales de acceso público y con acuerdos con los municipios del área de influencia, que permitan anticipar la presión sobre la infraestructura y priorizar la contratación y la formación de mano de obra local.

4. Auditorías independientes y garantías Sugerimos prever auditorías ambientales independientes y periódicas, la presentación del Plan de Gestión Ambiental y Social con suficiente antelación al inicio de las obras para su evaluación, y la constitución de las garantías y del seguro ambiental previsto en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente, acordes a la magnitud de los riesgos.

“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que, en esta etapa, se debe prestar especial atención a la estimación de los impactos y a la fijación de mecanismos de control claros, exigibles y accesibles”, indicó el defensor adjunto durante la audiencia y resaltó que “un crecimiento económico sin sustentabilidad social y ambiental no conduce a la satisfacción de los derechos de las personas”.

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