Trabajamos por un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible:

Un derecho de todos

El ser humano es parte de una realidad ambiental, de los ecosistemas con los que interactúa y de los que se vale para su protección y subsistencia. En diferentes grados, los seres humanos y las sociedades están íntimamente ligados al medio que les rodea, siendo algunos grupos (como los pueblos originarios, los productores) directa y especialmente dependientes de los recursos que el planeta nos brinda. Es por ello que la existencia de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es imprescindible para garantizar  el bienestar de los seres humanos y el disfrute pleno de todos los derechos inherentes a ellos.

Estamos en presencia de los llamados derechos de tercera generación, también denominados derechos de la solidaridad o derechos emergentes, conjunto de nuevos derechos de los pueblos o colectivos que tratan de responder a los retos más urgentes de la comunidad internacional. Entre ellos se encuentran el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a beneficiarse del patrimonio de la humanidad, o el derecho al medio ambiente.

Garantizar los derechos de tercera generación no recae tan sólo en los Estados, sino sobre todo el mundo, incluyen a ciudadanos e instituciones públicas y privadas y exigen de cooperación internacional.

Desde la Defensoría del Pueblo son muchas las acciones que se llevan adelante en pos de garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Algunos ejemplos para mencionar: intervención en los factores de contaminación del río Negro, intervención ante incidentes derivados de la explotación hidrocarburíferos en el Alto Valle de la provincia, estudios de los procesos mineros en Sierra Grande,  el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, la remediación del plomo en San Antonio Oeste, la preservación de los bosques nativos, etc.

La Agenda 2030 y el Medio Ambiente

Al marco normativo a nivel nacional y provincial se suma la adhesión de Río Negro a la Agenda Global. Esto determina un cambio de paradigma en la gestión del ambiente y los recursos naturales y, por sobre todo, implica la obligación del Estado de generar políticas de crecimiento que no sean pensadas únicamente desde lo económico, sino que contemplen la inclusión social y un elevado resguardo de la calidad ambiental.