La Defensora del Pueblo, Adriana Santagati, participó en la sexta audiencia pública por la revisión tarifaria de la distribuidora de electricidad, Edersa.

“El incremento del 45.9% en la tarifa media general, solicitado por la empresa, no presenta correlación suficiente con la eficiencia del servicio y la evolución de los ingresos de los usuarios”, indicó Santagati durante su exposición.

La Defensoría del Pueblo centra su enfoque en la razonabilidad económica, la equidad tarifaria, la asignación de riesgos y el respeto de los derechos económicos de los usuarios, conforme el Art. 42 de la Constitución Nacional.

En esta línea y luego de un pormenorizado análisis de la propuesta de la empresa y sus correspondientes comparaciones y evaluaciones, la Defensoría del Pueblo concluyó que la propuesta de la empresa muestra señales importantes de transferencia de riesgos del negocio hacia el usuario sin justificación objetiva y de ineficiencia operativa por pérdidas crecientes y costos estructurales sin control.

Uno de los ejes centrales del análisis es el denominado “VAD desenergizado”, propuesto por la empresa, que concentra el 100% del Valor Agregado de Distribución en el cargo fijo. Al respecto, la Defensoría advierte que “no es propiamente una actualización tarifaria, es un cambio en las reglas de juego que deja al usuario indefenso ante la falta de incentivos de eficiencia por parte de la Distribuidora”.

Santagati cuestionó la equidad interna del cuadro tarifario propuesto. En el informe también se advierte que, bajo el esquema propuesto, los usuarios residenciales de menor consumo podrían terminar pagando un valor por kWh más alto que los de mayor consumo. La Defensora sostuvo que, “se rompe el principio de que ‘quien más usa, más paga’. Ello es socialmente regresivo y contradice los principios de equidad tarifaria”.

En el segmento de grandes demandas (T2) y tarifas de riego, los cargos fijos registran incrementos muy significativos, que en algunos casos superan el 100%.

Advirtió que este tipo de estructura tarifaria puede impactar significativamente en los costos de pequeñas y medianas empresas regionales, por el solo hecho de estar conectadas al sistema, independientemente del consumo efectivo.

Adicionalmente reclamó por la revisión estructural de los vínculos contractuales, reclamando mayor bilateralidad, eliminando las recategorizaciones automáticas, incorporando ventanas de re-adecuación trimestrales o por determinado período, en suma, mayor flexibilidad y garantizar el derecho de defensa del usuario.

Asimismo, se destacó el análisis comparativo de los pedidos tarifarios efectuados por la Distribuidora entre quinquenios, el que evidenció un aumento en las pérdidas no técnicas reconocidas como base tarifaria, pasando del 4,81% al 11,99%. Sobre este punto, la Defensora fue clara: “Las pérdidas no técnicas deben tener un sendero decreciente obligatorio y consolidarse como base tarifaria estructural”.

También destacó que la red modelo (adaptada) representaría el 90% de la red real, frente al 83% del periodo anterior. Esta pretensión de la Distribuidora implica que la red sería más eficiente, y que hay que considerar tarifariamente una mayor cantidad de activos.

La Defensora solicitó al EPRE revisar detalladamente los parámetros de eficiencia y la asignación pretendida por la Distribuidora, así como también, la modalidad de valuación de los activos (VNR).

También se advirtió una inconsistencia entre la demanda y los fondos asociados a inversiones proyectadas. Mientras la proyección de crecimiento baja al 0,77%, el plan de inversiones especiales se mantiene elevado, y no se advierte que contemple las futuras demandas asociadas a los grandes proyectos de GNL ni a los proyectos mineros y demás proyectos industriales que el Gobierno Provincial puja por su establecimiento y desarrollo.

En paralelo, también resulta inconsistente en dicho contexto el aumento de los costos de exploración, el que “mantiene la tendencia creciente”. Se señala que “el incremento de costos operativos también es una señal de ineficiencia”.

En otro orden, se manifestó el rechazo de la fórmula propuesta de actualización del VAD, destacando que elimina el riesgo inflacionario para la empresa, efectuándose un traslado casi instantáneo a los usuarios, sin control, sin clausula gatillo, sin incentivo a la eficiencia. Se destacó puntualmente que no existe un correlato similar en los ingresos de los usuarios que permita sostener la aplicabilidad de esta modalidad de ajuste.

En la conclusión del dictamen, la Defensoría afirma que la propuesta “muestra señales importantes de transferencia de riesgos del negocio hacia el usuario y de ineficiencia”, y se pronuncia por el rechazo del requerimiento de ingresos “tal y como fue efectuado”.

Accedé al documento completo de la exposición en el siguiente enlace.

Audiencia Pública 27.02.26 Documento de Opinión DPRN