16 de diciembre del 2025- El análisis de esta tercera revisión ordinaria de tarifas corresponde a la concesión del servicio público de agua potable en la Provincia de Río Negro, otorgada a la Junta Vecinal Barrio Parque Playa Bonita de San Carlos de Bariloche.
A criterio de este órgano de control, un aumento mayor al 30% de la tarifa actual solicitado por la concesionaria, si bien responde a mayores costos registrados en los componentes y servicios que integran e inciden de forma directa en su determinación, resulta elevado.
La Defensoría fundamenta su opinión en los siguientes cuatro puntos principales.
1. Durante el último año el nivel de inflación -IPC- acumulado ha sido de 24,8%. Este indicador, es muy inferior al porcentaje de aumento propuesto y no guarda relación con el registrado en los otros servicios públicos o IPC.
2. No se observa la creación de nuevos puestos laborales en el personal estable del concesionario pese al aumento en la demanda, plan de obras y de inversión proyectados.
3. No se observa en el cuadro tarifario actual, a diferencia del propuesto, el concepto “Facturación Cargos fijos”, valor que representa un aumento del 1.500% mensual sobre el valor vigente.
4. Respecto del ítem “Derecho de Conexión” se considera que el monto de $ 864.000 resulta excesivo tomando en cuenta que la tasa por similar concepto actualmente percibido por la prestadora de electricidad -CEB- es de tan sólo $ 71.822.
A partir de este análisis, la Defensoría del Pueblo solicitó se analicen en detalle y profundidad los nuevos costos informados por la concesionaria, ya que, si bien éstos han registrado un aumento interanual real, los mismos no debieran superar la media general.
“Pretender la actualización de años de atrasos en una sola revisión ordinaria, resulta una decisión contraria a los derechos de los usuarios ante la falta de previsibilidad de actualización de los valores del servicio”, se indicó desde la Defensoría del Pueblo.
En este sentido, la defensora del pueblo, Adriana Santagati, manifestó que “en el contexto económico social actual y sin perjuicio del análisis técnico de los diferentes aspectos que componen la tarifa, cualquier aumento decidido que supere el índice de inflación último registrado, tendrá efectos negativos sobre la economía de los usuarios; se deberían ponderar otras variables que permitan reducir al mínimo la suba requerida, máxime si se tiene en cuenta que se trata de un servicio público y un derecho humano”.