30 de enero 2024- La audiencia pública, convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad -EPRE- tuvo como finalidad poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto a la pretención de la Empresa de Energía Rio Negro S.A. (EDERSA) de actualización tarifaria del Valor Agregado de Distribución (VAD) No Salarial y el reconocimiento tarifario de los costos diferenciales mensuales como consecuencia de una variación inflacionaria por el período 01/09/23 al 31/12/23.
En la oportunidad la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, recomendó al ente regulador “verificar íntegramente los estados contables de la Distribuidora, para constatar si la transferencia de recursos que aportan mensualmente los usuarios son reinvertidos en la Empresa para lograr progresivamente un mejor servicio, descartando efectivamente que exista una dispersión de los mismos con otros fines”.
Al momento de cuestionar la calidad del servicio, la defensora puso como ejemplo lo sucedido el 03 de enero cuando, inclemencias climáticas que duraron un corto lapso, dejaron sin electricidad al 13 % de las localidades donde la empresa presta servicios (Viedma, El Cóndor, Valcheta, Las Grutas, San Antonio Oeste, Catriel y varios barrios de General Roca).
Expresó que “Pese a las pretensiones económicas y los problemas que exteriorizan las empresas, la verdad es que en los años que participo de las audiencias no vi que ninguna se fundiera. Por el contrario, siguen al frente de las mismas. Resultaría demasiado altruista que las empresas presten servicios continuamente a pérdidas.”
La defensora remarcó que «el interés público en juego requiere que se coloque a las personas en el centro del análisis por sobre el interés económico de las empresas porque los servicios públicos se estructuran para satisfacer necesidades de la comunidad.»
Solicitó que“al momento de evaluar y decidir un nuevo cuadro tarifario recordamos la obligación de respetar las pautas de gradualidad, previsibilidad y razonabilidad, para que se confiera a los usuarios la posibilidad de adecuar sus economías a la nueva realidad y solicitamos tener particular consideración previo a disponer la interrupción o desconexión del servicio por incumplimiento de pago.
Al final de su exposición, la defensora consideró que “Los tiempos en que vivimos requieren de la adopción de medidas con sensibilidad social y prudencia, especialmente cuando hablamos de servicios públicos como es este caso.”
La exposición completa: