La Defensoría del Pueblo entregó a la Legislatura su informe de gestión anual 2025

28 de noviembre 2025- Como todos los años y en cumplimiento de lo establecido por la Ley K N.º 2.756, la Defensoría del Pueblo entregó a la Legislatura el informe que resume las acciones llevadas adelante por el organismo durante el período comprendido entre el 1 de noviembre del 2024 y el 31 de octubre del 2025.

La primera sección presenta las estadísticas donde se refleja las principales temáticas trabajadas; la cantidad de reclamos según la vía de comunicación y según la localidad/ región; el estado de los trámites respecto a su tratamiento; entre otros aspectos.  A continuación, el informe desarrolla una amplia gama de temáticas trabajadas que reflejan las necesidades y desafíos de la ciudadanía.

Cabe mencionar que en las palabras preliminares del informe, la defensora del pueblo, Adriana Santagati, expresó que el año 2025, condicionado por el contexto electoral, estuvo marcado por la proliferación de noticias adversas “que reflejaron tanto la volatilidad de los mercados financieros como el malestar social derivado de medidas de austeridad que impactaron directamente en los hogares y, en particular, en poblaciones vulnerables como las personas jubiladas y con discapacidad. La implementación de una estrategia nacional de ajuste implicó una drástica restricción presupuestaria a nivel federal, con efectos significativos en las provincias y, en muchos casos, efectos regresivos en la garantía de derechos económicos y sociales, comprometiendo la ejecución de políticas públicas esenciales”.

Resaltó, además, que “la provincia de Río Negro no fue ajena a estas dinámicas. La centralización del ajuste agudizó asimetrías y dificultades financieras, reduciendo recursos claves para el sostenimiento de programas sociales y sanitarios”.

Por otro lado, Santagati recordó que “este año adquiere una connotación simbólica y normativa de especial relevancia: se cumplen treinta años de la sanción de la Ley que creó la Defensoría del Pueblo de Río Negro, marco jurídico que consolidó la existencia de un órgano de control orientado a la protección de derechos, la supervisión de la administración pública y la promoción de prácticas institucionales que fortalezcan la confianza ciudadana”.

Indicó que “treinta años después, en un mundo profundamente transformado, este aniversario constituye una oportunidad para revisar y actualizar su marco normativo, reafirmando la vigencia de su función y renovando el compromiso con los principios fundacionales que le dieron sentido: la defensa activa de los derechos humanos, la transparencia, la equidad y la cercanía con la ciudadanía”.