25 de octubre 2023- El defensor adjunto, Alvaro Larreguy, expuso en la audiencia pública, convocada por el Ente Regulador de la Energía a través de la modalidad remota de videoconferencia.
En esa instancia, Larreguy inició su exposición diciendo que “queda de manifiesto la imperante crisis que se encuentra atravesando el país en estos momentos, donde la economía de los hogares rionegrinos se ve comprometida semana a semana, disminuyendo significativamente su capacidad de consumo. Esta situación la comprobamos diariamente a partir de los reclamos que recibimos en esta Defensoría del Pueblo.
Por ello, desde el lugar que nos toca ser parte en esta audiencia, frente a la razonabilidad de la pretensión de la empresa no podemos dejar de computar las dificultades de los ciudadanos para alcanzar la plena satisfacción de los derechos, como es el acceso a los servicios públicos”.
En su exposición el defensor adjunto indicó que “en la pretensión de la empresa, el aumento se aplicaría de forma uniforme a todos los usuarios generando un impacto negativo mayor en los hogares de menores ingresos. Y sobre esto existe un marco normativo de protección al que el Estado está obligado a cumplir como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Instrumento internacional que establece que dentro de las condiciones para que las personas alcancen un nivel de vida adecuado, está el acceso a los servicios sociales necesarios”.
“Este enfoque considera a la prestación de servicios públicos como satisfacción de derechos estrechamente vinculados con la realización de los derechos humanos”, agregó Larreguy.
Manifestó además que “en caso que un aumento de tarifas revista la condición de esencial e improrrogable, es necesario que se aplique de forma gradual, previsible y progresiva. Así lo expresó la Corte en el fallo “CEPIS” cuando dijo que “el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables”.
Larreguy resaltó que “el marco normativo regulatorio eléctrico, previsto por la ley 2.902 expresa en su artículo 41° que ‘los servicios suministrados por los distribuidores serán ofrecidos a tarifas justas y razonables’, debiéndose asegurar el mínimo costo razonable para los usuarios”.
“Es por ello que solicitamos a las autoridades del EPRE se respeten los principios regulatorios que rigen la prestación del servicio, acatando los principios de gradualidad y razonabilidad, a fin de garantizar la prestación de un servicio y la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios”.
Modificación del PLAN DE INVERSIONES ESPECIALES de la distribuidora EDERSA
Respecto a la obra explicada por EDERSA y los costos que insumiría, el defensor Larreguy indicó en oportunidad de su exposición “que este organismo ha detectado, a través de los reclamos de los usuarios, una serie de irregularidades y deficiencias en la prestación del servicio en la zona de Guardia Mitre, mayormente durante la temporada estival. En parte, por el incremento productivo que hubo en los últimos años”.
“Apreciamos que el Ente Regulador haya constatado esta situación e intervenido, por ejemplo, mediante la implementación de la Resolución EPRE Nº 67/23 por la cual se reconoció que gran parte de la población de dicha localidad sufrió deficiencias en la calidad del servicio y, ante ello, se ha solicitado la presentación de un plan integral de disminución de contingencias a la concesionaria”.
Larreguy dijo que “desde esta Defensoría consideramos que la obra tendrá un impacto positivo tanto para el desarrollo productivo local como para los suministros residenciales, donde los usuarios se verán beneficiados y podrán acceder a un servicio de calidad”.
Sin embargo remarcó que “no podemos dejar de lado los motivos que siempre tenemos en cuenta cuando analizamos los aumentos de tarifas y es computar la situación económica de los hogares rionegrinos, especialmente los más desfavorecidos”.
Es por todo ello que el defensor adjunto expresó que “siempre solicitaremos que cualquier medida sobre la implementación del Plan de Inversiones que se refleje en las facturas, se realice de forma gradual, previsible y progresiva”.
