La Asociación que nuclea a las Defensorías del Pueblo de todo el país (ADPRA) expresó su preocupación por la crítica situación que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI) y el impacto que ello genera sobre el derecho a la salud de las personas mayores, cuya cobertura se encuentra directamente vinculada al acceso a beneficios jubilatorios o previsionales.

Las Defensorías integrantes de ADPRA han relevado, en distintas jurisdicciones del país, un incremento sostenido de reclamos vinculados a:

● demoras en autorizaciones de prácticas y tratamientos

● falta de acceso a la provisión de medicamentos e insumos

● discontinuidades en prestaciones de salud y rehabilitación, asociadas a condiciones de retribución irrisorias, que afectan la sostenibilidad de la red prestacional

● problemas en la asignación y funcionamiento del sistema de médicos de cabecera

● problemas en la relación con prestadores de servicios de salud vinculados a condiciones de contratación y pago

● deudas millonarias del Gobierno Nacional con los prestadores de salud en todo el país

Desde la Asociación se remarcó que el desfinanciamiento del organismo impacta de manera desproporcionada en personas mayores que dependen estructuralmente del sistema, generando situaciones de vulnerabilidad que el Estado tiene el deber de revertir de forma inmediata.

ADPRA exhortó a que las autoridades competentes adopten, con carácter urgente, medidas coordinadas y sostenidas que permitan revertir el escenario actual por el que transita la obra social a los fines de garantizar los derechos

constitucionales de los adultos mayores.

 Leé la nota completa de ADPRA en el siguiente enlace https:/ADPRA-PAMI.pdf