Santagati en la audiencia pública por el oleoducto Vaca Muerta Sur: «no alcanza con que el proyecto sea seguro desde la perspectiva ambiental, también deben existir garantías de los beneficios hacia la comunidad.”.

17 de agosto de 2023-  La defensora del pueblo, Adriana Santagati, brindó su exposición en la audiencia pública en donde fueron puestos a consideración los estudios de Impacto Ambiental del proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur presentado por la empresa YPF.

En la oportunidad, la defensora remarcó que “no alcanza con que el proyecto del Oleoducto Sur sea seguro desde la perspectiva ambiental y su impacto resulte gestionable, sino que también deben existir garantías de que no nos quedaremos sólo con los costos para que otros se lleven los beneficios”.

Indicó Santagati que esa “perspectiva también forma parte del enfoque basado en los derechos humanos. Contrariamente a lo que se suele pensar, ese enfoque de derechos no se trata solamente de no dañar, sino de beneficiar a las comunidades impactadas por los proyectos”.

La defensora expuso dos perspectivas fundamentales a tener en cuenta: la primera, referida a la gestión de un impacto ambiental moderado como la precondición de validez del Oleoducto Sur, en un marco jurídico internacional de empresas y derechos humanos.

Dentro de esta perspectiva destacó dos conceptos fundamentales: conducta empresarial responsable (CER) y debida diligencia.

“La CER va mucho más allá del cumplimiento de leyes y regulaciones nacionales;  incluye la necesidad de prevenir y hacer frente a todas las posibles consecuencias negativas sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad, y que las empresas contribuyan de manera positiva al desarrollo sostenible”.

Respecto a la debida diligencia remarcó: “en derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una empresa prudente y responsable debe llevar a cabo a la luz de sus circunstancias para hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.

La segunda perspectiva está ligada a los costos y beneficios del proyecto.  En este sentido la defensora expresó que “no alcanza, para validar un proyecto desde los derechos humanos, con que el Estado y las empresas asuman su responsabilidad de no causar daño. También deben generar beneficios y nuestra región patagónica está atravesada por una historia de beneficios hacia afuera y costos hacia adentro”.

 “No alcanza con que evitemos un desastre ambiental, eso es obvio y deben brindarse todas las garantías. Lo que se requiere es que las zonas impactadas vean los beneficios y no solo los costos de Vaca Muerta”., insistió la titular del

organismo de control.

Leé el documento de la exposición completo: