30 de agosto de 2024- La defensora del pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, participó en calidad de expositora en la audiencia pública en la que se analiza el procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para la etapa de Explotación del Proyecto Minero Calcatreu, presentado por la empresa Minera Aquiline Argentina, actual Minera Calcatreu.
Con 257 oradores inscriptos, la audiencia, convocada por la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Río Negro, es de modalidad presencial y se lleva adelante en el gimnasio municipal de la ciudad de Ingeniero Jacobacci.
“La condición de validez de este proyecto, como de todas las actividades de carácter extractivo, es su compatibilidad con la preservación del medio ambiente”, expresó la defensora del pueblo durante su alocución y agregó que “esto no resulta discutible y para eso existe todo un marco jurídico en materia de medio ambiente, empresas y derechos humanos que brinda coordenadas sustanciales y procedimentales sumamente claras a las que deben ceñirse iniciativas como esta”.
Santagati remarcó que “desde la Defensoría del Pueblo no coincidimos con mensajes que nos llevan a la confrontación. Por el contrario, sostenemos que toda actividad económica, cuando se realiza de manera responsable y sustentable, se convierte en un motor para el desarrollo que contribuye a la mejora de la calidad de vida, fruto de la creación de oportunidades de empleo, infraestructura y servicios para las comunidades”.
“El Estado tiene la obligación de proteger, reforzando la capacidad de seguimiento y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones ambientales del proyecto, especialmente en el monitoreo constante de la calidad del agua, aire, y suelo, y la implementación de medidas correctivas inmediatas en caso de desviaciones, incluyendo la transparencia de los procesos y sus resultados”, afirmó.
Al finalizar su exposición Santagati indicó que se está frente a un proyecto que invita a un debate sumamente serio, “de una parte, un proyecto extractivo que involucra impactos ambientales que deberán ser gestionados y mitigados, y ponen en cabeza del Estado y las empresas un deber de debida diligencia. Pero también es tiempo de exigir, con la misma jerarquía jurídica, que este proyecto se convierta en un vehículo tangible del desarrollo local y regional”.
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