14 de febrero de 2025- Esta instancia, convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), tiene como objetivo escuchar las opiniones de los usuarios antes de tomar una definición respecto a la pretensión de la empresa de aumentar el costo de distribución del servicio.
La defensora del pueblo, Adriana Santagati, fue la única inscripta para participar como expositora. En la oportunidad advirtió que “la inflación, por sí sola, no puede considerarse un criterio automático para aumentar tarifas”. Remarcó además que “es una carga de la Distribuidora demostrar cómo la inflación afecta específicamente sus costos y por qué no puede absorber ese impacto mediante eficiencia operativa, el crecimiento de la demanda u otras medidas, como impone el artículo 41 inc. d) de la Ley Marco Regulatorio Eléctrico 2.902”.
“La variación de costos no debe ser sólo un dato contable o estadístico, sino que debe estar ligada a un impacto real y comprobable en la prestación del servicio”, manifestó la defensora y agregó que “debe verificarse la optimización de los costos operativos por parte de la Distribuidora, en términos de eficiencia, reducción de pérdidas, entre otros aspectos”.
Recordó que la Distribuidora puede adoptar una serie de medidas tendientes a disminuir el impacto de la inflación y con ello cumplir con la obligación legal de asegurar el mínimo costo razonable para los usuarios compatible con la seguridad del abastecimiento. “Sin embargo en la propuesta se menciona la variación de costos de distintos ítems”, dijo Santagati.
En este sentido resaltó que “el Ente Regulador debe extremar los recaudos de aplicación del Art. 48 de la Ley J 2902. Este mecanismo no debería ordinarizarse. Es un mecanismo de ajuste extraordinario, y como tal, de excepción, por lo que no resulta admisible una laxitud en la acreditación de los presupuestos que les dan origen”.
Durante su alocución Santagati analizó que la inflación también afecta al usuario; y el incremento del costo de distribución recae, a su vez, sobre los demás bienes y servicios de la economía regional, lo cual impacta nuevamente en el usuario, como destinatario final.
Por ello, la defensora requirió al Ente Regulador que analice no sólo la situación operativa y financiera de la Distribuidora, sino también el impacto en los usuarios, “en tanto un nuevo ajuste puede volverse incompatible con el principio de justicia y razonabilidad tarifaria”.
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