La actividad se lleva adelante en el marco de la realización del II Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que tiene como principales ejes de trabajo las tarifas y deficiencias en la prestación de los servicios públicos, los Derechos Humanos y el respaldo colectivo a la creación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Misiones.
El lunes fue la jornada inaugural, tras la presentación en la institución anfitriona, a cargo del ombudsman posadeño, Alberto Penayo, con la presencia del defensor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de ADPRA, Alejandro Amor, y los defensores misioneros de Oberá, Patricia Nittmann y de San Vicente, Ceferino Benítez.
Por la tarde, al pie del monumento a Andrés Guacurarí en la Costanera de Posadas, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del encuentro con un reconocimiento a todos los que ejercieron la responsabilidad institucional de la Defensoría del Pueblo de Posadas.
Posteriormente, se inició formalmente el Plenario en el Multicultural de la Costanera, oportunidad en que el secretario de Energía de Misiones, Sergio Lanziani, brindó el panorama energético actual para la provincia y se analizó la situación que se viene a partir de la eliminación de la tarifa social, dado que la misma no fue considerada en el Presupuesto 2019 de la Nación.
Esto generó una profunda preocupación, dado que además de Misiones, aún hay provincias y el Conurbano bonaerense que no tienen otra alternativa a la energía eléctrica, debido a que aún cuentan con el gas envasado, que es mucho más caro que el gas corriente con el que cuenta el resto del país.
Por otra parte, los defensores manifestaron por medio de un documento la solicitud al “pleno de la Cámara de Representantes de Misiones la sanción de la Ley de Creación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia”, indicando que “la existencia de este organismo promotor de los Derechos Humanos, de los derechos de incidencia colectiva, mejoran la calidad de vida del Estado”.
En esa línea agregaron que “este espacio institucional de promoción del diálogo social debe tener, para que pueda cumplir acabadamente con sus funciones, legitimación procesal amplia, iniciativa legislativa y autonomía funcional”.
“En virtud de lo expuesto, acompañamos la voluntad política demostrada por la Legislatura de Misiones en la sanción de un dispositivo normativo necesario para el funcionamiento de esta institución de promoción, defensa y garantía de los Derechos Humanos”, recalca la nota.