19 de septiembre 2024- La defensora del pueblo, Adriana Santagati, participó en el III Plenario de la Asociación que nuclea a los defensores del pueblo de todo el país.
El evento se desarrolló en la provincia de Santa Fe, dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Defensores del pueblo de todo el país se reunieron para debatir sobre distintos temas que afectan a la sociedad en su conjunto.
Entre ellos y en el marco de dos conversatorios, se abordaron cuestiones referidas a los derechos de niños, niñas y adolescentes y, por otro lado, los adultos mayores y sus demandas en las Defensorías del Pueblo.
En la sesión del Plenario se trataron problemáticas como, el juego on line que preocupa por su crecimiento exponencial entre menores de la edad legal; la ley de financiamiento universitario; la conformación actual y futura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; las tarifas diferenciadas de energía en las diferentes zonas del país: la regulación desde el BCRA al funcionamiento del billeteras virtuales para proteger a usuarios de los riesgos de abusos y estafas; el acceso a la información pública; entre otras.
Respecto específicamente a la Ley de Financiamiento Universitario , los Defensores expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se vete la Ley que fuera recientemente aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Los defensores integrantes de ADPRA manifestaron que «La Ley de Financiamiento Universitario constituye una herramienta fundamental para la recomposición del presupuesto de las universidades nacionales, en un contexto donde estas instituciones se encuentran en una situación de emergencia presupuestaria, tal como lo reconocen todos los sectores vinculados al ámbito académico. La actualización del presupuesto universitario en función de la inflación acumulada y su distribución basada en criterios de equidad permitirá garantizar no solo el funcionamiento básico de las universidades, sino también el derecho a una educación superior de calidad para miles de estudiantes en todo el país».
En esa línea, indicaron que la falta de financiamiento adecuado afecta directamente los derechos fundamentales de los estudiantes y trabajadores universitarios. «Este veto, de concretarse, comprometería los compromisos salariales y el correcto funcionamiento de estas instituciones que son esenciales para el desarrollo social y económico de la Nación», expresaron defensores y defensoras del pueblo y agregaron que «de la misma manera, esta decisión podría tener impacto negativo en la calidad educativa y en las actividades de investigación, extensión y transferencia de conocimiento que las universidades realizan, fundamentales para el progreso científico y tecnológico de Argentina».
La Asociación enviará las notas correspondientes a la Secretaría General de la Presidencia y a la Jefatura de Gabinete de la Nación con todo lo expuesto anteriormente.
