27de marzo 2024-La defensora del pueblo, Adriana Santagati, participó en el primer Plenario del año de la asociación ADPRA que nuclea a todas las Defensorías del Pueblo del país.
El encuentro se desarrolló durante los días 21 y 22 de marzo en CABA y fue organizado por la Defensoría del Pueblo de esa ciudad.
Comenzó con un extenso debate sobre el rol de ADPRA frente al actual contexto nacional que abarcó temas como la energía, género, turismo social, mantenimiento de rutas nacionales, transporte público, recortes en programas de asistencia alimentaria y los desmedidos aumentos en las prepagas, entre otros. Todas ellas, cuestiones que marcan una compleja situación que vulnera los derechos de los ciudadanos de forma cotidiana.
Ante esta realidad, ADPRA renovó su compromiso para dar mayor visibilidad a cuestiones que impactan de manera transversal en la sociedad, como la reciente quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente, remarcando así su compromiso con la protección y defensa de los derechos de todos los ciudadanos argentinos.
En el marco del aumento en las tarifas de los servicios públicos, se habló sobre la condición de no vinculantes que tienen las audiencias públicas, donde habitualmente no se termina teniendo en cuenta la opinión de la mayoría de los participantes y se avanza con decisiones tomadas de antemano.
También se conversó sobre la importancia de aceitar el vínculo con los entes reguladores, en el marco de las decisiones que el gobierno de Javier Milei anunció que tomará y que afectarían el bolsillo de una parte importante de la población.
Además, los defensores enviaron por nota al Secretario de Energía el requerimiento de racionalizar la readecuación del esquema de subsidios a los usuarios de la energía eléctrica y el gas natural del país, dispuesta en virtud del dictado de la Resolución Nº 8/24 de la Secretaría de Energía de la Nación, acogiendo las propuestas formuladas, a favor de los usuarios del servicio público, en el marco de la Audiencia Pública celebrada el pasado 29 de febrero.
En ese sentido los defensores manifestaron en su nota la “imperiosa necesidad de utilizar parámetros reales de cálculo, inclusión y exclusión de los beneficios. De manera tal que la cobertura económica evite que amplios sectores sociales trasunten a la marginalidad energética, por no poder afrontar los costos del servicio público de energía, esencial e indispensable para todos los hogares argentinos”.
Accedé a la nota completa en el siguiente enlace:
https://NOTA-SEC-ENERGIA-26-03-24-1.pdf
Por otra parte Adpra, a través de un pronunciamiento público, instó al Gobierno a promover el turismo social.
En la declaración los defensores del pueblo dejaron en claro que es indispensable respaldar y promover el turismo en general, y el social en particular, al considerar que la movilidad humana voluntaria, como instancia de recreación, diversión y conocimiento sociocultural, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos; tomando al turismo social como una oportunidad invaluable de disfrute, descanso y necesario esparcimiento para aquellos argentinos a quienes la carencia de recursos económicos les impide acceder a viajar.
Accedé al pronunciamiento completo en el siguiente enlace
https://Comunicado-Turismo-social.pdf
También dentro del contexto del Primer Plenario Anual, solicitaron que dejen de ser testimoniales las audiencias públicas
«Nada sustancial de lo expresado en las tres Audiencias Públicas realizadas en el corriente año 2024, ha sido incorporado o tenido en cuenta al momento del dictado de las resoluciones o acciones objeto de consulta. No figurando propuestas incorporadas en las respectivas disposiciones emitidas por las Áreas Convocantes, ni siquiera media documento alguno que explique las razones del por qué han sido descartados los aportes realizados por los participantes en las respectivas Audiencias, pese a mediar al respecto una clara obligación legal”, expresaron los integrantes de ADPRA
Por ello, los defensores le solicitaron por nota al Jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, en su calidad de autoridad de aplicación del Decreto PEN 1172/2003, la emisión de una resolución dirigida a todos los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y otro ente que funcione en jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional que intervenga como Autoridad Convocante de Audiencias Públicas, a los efectos que arbitren los mecanismos necesarios que permitan hacer efectivos los objetivos trazados por la citada norma “y que no han sido cumplidos, cuanto menos durante el presente año 2024”.
Accedé al documento completo
https://Nota-jefe-de-Gabinete-f
Manifestación en defensa de los Clubes de Barrio y Pueblo. Los defensores expresando su profunda preocupación por su subsistencia, dentro del contexto de la evaluación de los nuevos cuadros tarifarios de los servicios públicos domiciliarios que tuvieron su tratamiento en el marco de las audiencias públicas llevadas adelante en los últimos meses.
Pronunciamiento por la grave crisis alimentaria en el país, con especial énfasis en la situación de pobreza y falta de acceso suficiente a alimentos que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes.
La Asociación recuerda que es responsabilidad del Estado proteger a las niñas, niños y adolescentes, y estas obligaciones están siendo incumplidas por el Ministerio de Capital Humano. Más aún, la crisis social y económica que enfrenta el país está evidenciada por diversos indicadores como el alto índice inflacionario, el aumento de los precios de los alimentos, el desempleo y el incremento de tarifas de servicios básicos.
El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental reconocido tanto a nivel nacional como internacional que debe ser garantizado por el Estado en todas las circunstancias, especialmente en situaciones de emergencia.
Los defensores del pueblo recordaron que la obligación de los Estados, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es de propiciar acciones para garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada.
ADPRA repara, además, en el reconocimiento constitucional del derecho a un nivel adecuado de vida, que incluye el derecho a la alimentación y la obligación del Estado de asegurar este derecho, especialmente en situaciones de falta de empleo regular o inestabilidad económica.
En consecuencia, desde ADPRA resaltaron la necesidad de adoptar medidas urgentes y efectivas para garantizar el acceso a la alimentación de todos los habitantes del país, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad.
Es por ello que la Asociación solicitó entre otras cuestiones, declarar la emergencia alimentaria nacional hasta que los índices de pobreza e indigencia desciendan por debajo del 30%, asegurando así una recuperación sostenible y duradera de la situación alimentaria en el país; garantizar el acceso a una alimentación adecuada para todos los ciudadanos, asegurando la calidad de los alimentos ofrecidos conforme a las Guías Alimentarias promovidas por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación; Implementar políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la crisis alimentaria y promuevan el acceso equitativo a una alimentación saludable para todos los argentinos.
