25 de septiembre de 2024- La Defensoría del Pueblo de Río Negro junto a sus pares de la Patagonia y el aval de la Asociación que nuclea a todas las Defensorías del Pueblo del país, solicitaron la intervención del ENARGAS ante una nueva situación detectada, en lo que respecta a las facturas del servicio de distribución de gas, por parte de la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A.
Desde las Defensorías se advirtió que, frente a los aumentos desproporcionales, imprevisibles y no graduales de la tarifa del servicio de gas y la dificultad de los usuarios de afrontar el costo de las facturas, la empresa Camuzzi habilitó la opción de financiar el pago del servicio a través de la obtención de un préstamo personal otorgado por una única entidad bancaria, el Banco Macro.
Los defensores del pueblo consideran que los términos y condiciones de dicha opción deberían ser previamente validados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en tanto le corresponde velar por la protección de los intereses económicos de los usuarios.
“Cabe advertir que a través del préstamo personal se habilita a financiar hasta un máximo de dos facturas, en 3 cuotas, aplicándose una tasa de interés nominal anual del 70%”, tasa de mercado completamente aplicable a préstamos personales, pero con condiciones distintas, en tanto su eventual incumplimiento, además de la deuda con el banco, producirá también el corte del servicio”, indicaron las autoridades de las Defensorías.
“Estamos ante un supuesto donde las facturas de gas produjeron desequilibrios sensibles en las economías de los hogares, y frente a ello la alternativa dispuesta por la Distribuidora, sin intervención del Ente Regulador, conduce a que quienes no pueden abonar las facturas del servicio público tengan la única opción de endeudarse frente a una única entidad bancaria [predispuesta por el Distribuidor] y a tasas que no contribuyen a reducir el impacto de las medidas tarifarias”, remarcaron.
Advirtieron, además, que “el usuario no es un especulador financiero por naturaleza, no posee los mismos recursos técnicos y de formación que los concesionarios y las entidades bancarias. La necesidad de financiación de la factura de gas viene condicionada a un estado de emergencia o necesidad impostergable de la economía familiar, no a una maniobra financiera”.
Los defensores consideraron que se está en presencia de una actuación y regulación que da la espalda a los usuarios y que “lo que la Distribuidora debería proponer son mecanismos que garanticen la accesibilidad y asequibilidad del servicio público. Sin embargo, se proyecta el mismo como un claro negocio financiero, atentando contra su razón de ser, que es satisfacer necesidades esenciales básicas de la población”.
Por todo ello, requirieron la intervención del Ente Regulador, con anterioridad a disponer mecanismos que impacten en los intereses económicos de los usuarios, y que las medidas que se adopten contribuyan efectivamente a garantizar y proteger los intereses económicos de las personas usuarias del servicio. Además, las Defensorías pusieron en conocimiento de la situación a la Secretaría de Energía de la Nación.